Este mes, La Fortaleza anunció “compromisos” de firmas de manufactura y “exportación de servicios” de crear unos 545 empleos. El comunicado asevera que una de las firmas – un suplidor de servicios para la industria biofarmacéutica – ya creó 60 empleos. Las demás firmas han entrado en “compromisos” para crear el balance de los empleos anunciados.
Presumiblemente estos “compromisos” contienen decretos de exenciones contributivas a cambio de una promesa (o quizás una mera expectativa) de crear estos empleos.
Pero pregúntese: ¿No existían los mismos o similares “compromisos” con los manufactureros que desde el 2006 eliminaron más del 37% de sus empleos?
Respecto a la Ley 20 que promueve la “exportación de servicios” – un concepto poco entendible, ya que los servicios en realidad no se pueden “exportar” – no existe un requisito esencial de crear empleos. La creación de empleos es solo un factor discrecional a ser considerado por el gobierno.
Según La Fortaleza, la inversión en nómina para los 545 empleos sobrepasa $12 millones. Asumiendo 2,000 horas de trabajo al año por cada empleado, esto se traduce a un sueldo promedio de $11 la hora. Es decir, el promedio de la compensación por hora de cada empleado es solo $3.75 más que el salario mínimo de $7.25.
Es parte de nuestro folclor económico que los trabajos de manufactura conllevan sueldos, beneficios y un “efecto multiplicador” más altos que los trabajos de servicios. Otro pensamiento arraigado en la mayoría de nosotros es que nuestro futuro económico depende inexorablemente de formar parte de la economía del “conocimiento” y la alta tecnología.
Hoy día, estas premisas son casi incuestionables entre nosotros. Es más, una persona que sugiere lo contrario arriesga profundas e indignadas acusaciones de menospreciar la capacidad intelectual nuestra.
Soy testigo ocular de este hecho. Y en esta medida comprendo y simpatizo con nuestros políticos – cuyos puestos dependen en gran medida de alimentar ilusiones de las grandezas polifacéticas de nuestra gente.
A la misma vez reconozco la cantidad de científicos e ingenieros que producen nuestras universidades. Además, hago constar que en mi familia – comenzando con mi padre y hermano mayor – tengo científicos médicos muy capacitados.
Pero esto no quita un hecho innegable, comprobado por las decenas de miles de empleos perdidos en manufactura científica desde el 2006 cuando expiró el subsidio contributivo gigantesco de la 936.
Dicho de otra manera, la creación y la existencia de la base manufacturera científica en Puerto Rico se debe – no a la presencia de científicos puertorriqueños, ni a los incentivos contributivos locales – sino a una ayuda federal contributiva que jamás volverá.
No empecen estas circunstancias, seguimos aumentando el costo de tratar de retener este sector que supuestamente prometió crear empleos. Lo que terminó haciendo, en vez, era menoscabar el erario y despedir a nuestra gente en masa.
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El reciente anuncio de los 545 empleos “comprometidos” no fue otro que el de utilizar nuestro fisco para subsidiar un salario mínimo de un sector cuyos dueños retienen la gran mayoría de sus ingresos.
Según la Junta de Planificación (JP), para el año fiscal del 2012, menos del 10% de los ingresos del sector manufacturero se utilizaron para compensar a los empleados. En cambio, los dueños de estas empresas recibieron más del 90% de los ingresos.
Sin embargo, es justo mencionar que según las cifras de JP, la compensación promedio era unos $50,000 por empleado (o sea, $25 la hora por 2,000 horas de trabajo al año). Por otra parte, este promedio puede ser inflado por los sueldos de unos pocos ejecutivos.
Pero si los trabajos “comprometidos” más recientes nos sirven de guía, el verdadero sueldo puede ser mucho menor del promedio calculado con las cifras de JP para este sector. Y en ambos casos, este sueldo incorpora el gasto gubernamental de sacrificar recaudos, agravando nuestro déficit. Finalmente, estamos dando estas exenciones y subsidios al sector que más ha eliminado empleos desde el 2006.
No ando solo en la creencia de que las exenciones contributivas se deben eliminar en Puerto Rico. En su gran obra Promesa rota publicada este año, el economista y profesor Francisco A. Catalá Oliveras también critica severamente a las exenciones contributivas.
En sus palabras, esta herramienta tradicional de desarrollo ha creado “enclaves” aislados de actividades con pocos “eslabonamientos” con el resto de la economía puertorriqueña. Estos “enclaves” no solo incumplieron la promesa de crear y retener empleos, sino tampoco indujeron la transferencia de tecnológica y conocimientos para dar base a una económica sostenible.
En mi propio libro, Puerto Rico: El Manual de Rescate Económico, comparto la crítica del Prof. Catalá de las exenciones contributivas. Pero propongo además que nuestro enfoque de desarrollo económico debe ser totalmente distinto. En vez de promover exenciones contributivas como hacen innumerables países y jurisdicciones alrededor del mundo, debemos promover la creación de una economía reconocida mundialmente por las actividades en las artes, el entretenimiento y los deportes profesionales.
Son en estas actividades que nosotros, los puertorriqueños, nos destacamos alrededor del mundo.
Como explico en mi libro, la punta de la lanza debe ser la creación de una nueva ciudad con este fin en los terrenos de Roosevelt Roads.
En vez de viajar a Europa, Sur América y Asia promoviendo exenciones contributivas, nuestras administraciones de turno harán estos mismos viajes. Pero estos viajes tendrán muchos mejores resultados porque estarán ofreciendo algo realmente diferente y cónsono con nuestras verdaderas ventajas comparadas.
Antes que nada, sin embargo, se deben derogar las exenciones contributivas. Son dañinas y no son necesarias para generar interés en Puerto Rico si nos dedicamos a las actividades apropiadas.
